Una práctica común en las empresas modernas y competitivas es la tercerización. La contratación de personas ajenas a la empresa, con las cuales no se tienen responsabilidades, porque simplemente se consideran proveedores de un insumo. No son parte de la organización, no se le integra, se le paga a destajo y, muchas veces, ni siquiera directamente, sino a través de un patrón sustituto que se encarga de organizar la fuerza laboral, para la prestación de un servicio a favor del empresario indirecto, que se libera de cualquier forma de responsabilidad.
Se oye mucho hablar de la automatización y la robotización como amenazas para los puestos de trabajo en las empresas manufactureras. Pero todavía no nos hemos concientizado de las prácticas de explotación del trabajo, que muchas veces están incluidas en las formas de tercerización. Hemos sido muchos los que al preguntar a los directores y gerentes de empresas que operan en países de salarios de subsistencia y precarias condiciones laborales, acerca de los derechos humanos de los trabajadores, hemos obtenido como respuesta que para salvaguardar sus políticas y códigos de conducta, recurren a empresas locales proveedoras de mano de obra. Son estas empresas proveedoras de personal las que se encargan del asunto laboral ante las autoridades y comunidades locales. De esa manera, las empresas modernas y competitivas, pueden llegar a ignorar los problemas de injusticia individual y de degradación social que la explotación laboral puede provocar.
El problema, en términos de responsabilidad social, es que se puede estar cometiendo fraude moral y social, al solapar prácticas que, si no son realmente esclavistas, se parecen mucho a ellas. La indefensión de las y los trabajadores ante los patrones directos, que a su vez proporcionan el personal a auténticos patrones indirectos, rayan en el abuso de las personas, en la falta de garantías para el trabajo subordinado que supone el enriquecimiento en la tarea, hasta llegar a la fijación de un modo de producción del que el trabajador no forma parte y al que simplemente se le remunera en función de una oferta y demanda que castiga sensiblemente a la mano de obra abundante, sin preocuparse de mejorar su vida y condiciones de desarrollo.
Hay muchas personas, incluso en nuestro país, que son utilizadas y manejadas para alimentar la globalización de la desigualdad y la polarización. Por ello se impone como parte de la responsabilidad social, la implantación de la gestión de riesgos en la cadena de suministros. Hay que dar transparencia, seguimiento y trazabilidad a las prácticas de contratación tercerizada del personal, que pueden encubrir situaciones ilícitas, que son ilegales o reprobables moralmente. No se puede solapar que terceros sin escrúpulos o que rayan en la explotación de las personas, cuando no en situaciones de semiesclavitud, sigan acumulando una riqueza que proviene del aprovechamiento de las situaciones de dependencia y de pobreza, y de falta de plena vigencia de los principios de legalidad y de auténtica economía de mercado.
La Responsabilidad Social Empresarial no termina en las puertas de la oficina de la empresa, sino que se extiende a toda la cadena de valor, a la forma de producción y desde luego a la manera como se contrata y se integra al personal. No hacerlo así trae repercusiones más que graves para la reputación de la empresa, para la conciencia de los que toman decisiones que pueden terminar desvirtuándose y, desde luego, para la sociedad que, al hacerse estructuralmente injusta y sin formas de integración y garantía de los derechos humanos se vuelve explosiva, centrífuga y violenta.
Publicado originalmente en El Economista el 03 de julio de 2017
